El Gobierno alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre por el default de 2001

El Gobierno alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre que tenían sentencias firmes a su favor por el default de 2001 y comunicó el entendimiento ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska. A partir de ese avance, las partes pidieron suspender el litigio en curso mientras se termina de formalizar la conciliación.

La notificación fue presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los abogados que representan al Estado argentino y a los acreedores. En el escrito informaron que se logró un acuerdo preliminar para cerrar la disputa judicial y solicitaron que el proceso quede en pausa hasta que se definan los términos finales.

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El entendimiento involucra a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que mantenían demandas activas contra la Argentina vinculadas al default declarado en 2001. Ambos acreedores contaban con fallos firmes a su favor y reclamaban el cobro de montos millonarios, además de haber impulsado medidas judiciales para intentar embargar activos del país en el exterior.

En el caso de Bainbridge, la Justicia estadounidense ya había reconocido una sentencia a su favor por unos US$95 millones más intereses. Ese fondo es uno de los acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda impulsadas por la Argentina en los últimos años y mantuvieron su litigio contra el país en tribunales de Nueva York desde 2016.

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Según la comunicación presentada ante Preska, el avance del acuerdo llevó a ambas partes a solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales en marcha. En particular, pidieron dejar en pausa una presentación realizada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, en la que el fondo había solicitado la entrega de la participación del Estado argentino en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas como forma de cobro.

Ese pedido de embargo quedaría momentáneamente sin efecto mientras se avanza en la formalización del entendimiento. La presentación aclara que el tribunal será informado más adelante sobre el estado de las negociaciones y sobre cualquier eventual necesidad de reactivar el proceso.

Sin embargo, el escrito no hace referencia a otra de las iniciativas judiciales impulsadas por Bainbridge: la moción mediante la cual buscó obtener el traspaso de acciones de YPF en manos del Estado argentino.

Attestor Master Value, por su parte, es un fondo con sede en las Islas Caimán que inició su disputa judicial contra la Argentina en 2014, tras adquirir deuda soberana en default luego de su creación en 2012.

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De acuerdo con especialistas que siguen de cerca los juicios contra el país, el entendimiento entre los acreedores también contempla la división de las garantías asociadas a los Bonos Brady que habían sido embargadas y que estaban depositadas en la Reserva Federal de Estados Unidos. Esos activos habían quedado disponibles después de que la Argentina terminara de cancelar en 2023 las obligaciones vinculadas a esos títulos emitidos a comienzos de la década del noventa.

El conflicto con estos acreedores forma parte de los litigios derivados del default declarado por la Argentina en 2001. En los años siguientes, el país impulsó reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010, que lograron una adhesión mayoritaria de los bonistas.

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Una nueva negociación con los holdouts se concretó en 2016, cuando el gobierno argentino alcanzó acuerdos con la mayor parte de los fondos que habían iniciado demandas en tribunales de Nueva York. Esos pagos permitieron cerrar gran parte de los litigios abiertos por la cesación de pagos.

Sin embargo, un grupo reducido de acreedores decidió continuar con sus reclamos judiciales. Ese remanente de demandas es el que ahora comenzó a resolverse con el principio de acuerdo informado ante la jueza Preska.