El Banco Central de Cuba (BCC) autorizó a diez empresas —nueve privadas y una mixta— a emplear criptomonedas para pagos internacionales. Se trata de la primera licencia de este tipo desde la regulación de activos virtuales en 2021, según informaron medios oficiales.
La resolución 4/2026, publicada en la Gaceta de Cuba, establece que las empresas autorizadas podrán operar únicamente “a través de los proveedores de esos servicios con licencia del BCC para operar en el territorio nacional”.
La normativa indica que “queda expresamente prohibido” realizar operaciones directas fuera de las plataformas autorizadas y advierte que “el incumplimiento de cualquiera de las condiciones dará lugar a la revocación inmediata de esta autorización”.
El texto especifica también que solo se podrán “utilizar los activos virtuales para realizar pagos transfronterizos”, quedando excluidas las operaciones dentro del país.
Las compañías privadas cubanas están obligadas a “reportar al Banco Central, de forma trimestral, un resumen de las operaciones realizadas al amparo de esta autorización, detallando montos, activos virtuales utilizados y plataformas a través del cual se ejecutaron”.
La regulación de 2021 ya había concedido licencias a proveedores de servicios de activos virtuales para actividades financieras, cambiarias y de cobranzas o pagos dentro y fuera del territorio nacional.
En abril de 2022, el régimen cubano permitió el uso de plataformas de Bitcoin y otras criptomonedas, siempre bajo licencias oficiales.
Entre las diez empresas aprobadas, seis corresponden al sector digital e informático (Ingenius Tecnologías, Dofleini, Cema Soltec, Pasarela Digital SURL, Ara y DASQOM SURL). También se autorizó a una compañía de la industria ligera (Empresa mixta Productos Sanitarios S.A. Prosa), una de transporte (La Meknica) y dos de gastronomía (La Calesa Real y El Asadito).
Las sanciones estadounidenses y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos dificultan las transacciones internacionales de personas y empresas en la isla.
El país atraviesa, además, una crisis económica desde hace seis años que ha dejado al Estado sin recursos y provocado un corralito bancario. El bloqueo petrolero impuesto por EEUU desde enero ha agravado esta situación.
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