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La mayoría de las mujeres trabajadoras de El Salvador no logra cubrir el costo de vida con sus ingresos, revela informe

Datos del estudio de ORMUSA muestran que las condiciones laborales precarias afectan severamente la seguridad económica y aumentan la vulnerabilidad al endeudamiento en la población femenina ocupada

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La mayoría de las mujeres trabajadoras en El Salvador afronta una precariedad económica persistente, marcada por una brecha considerable entre sus ingresos y el costo real de vida.

Un nuevo informe del Observatorio Económico y Laboral de las Mujeres —de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA)— atribuye esta situación a condiciones que obstaculizan la estabilidad y el bienestar, al tiempo que advierte sobre las consecuencias de la informalidad y la ausencia de contratos laborales convencionales.

Según datos de la Encuesta de Empleo e Ingresos de las Mujeres Trabajadoras, incluidos en el informe de ORMUSA, el 82.7% de las mujeres encuestadas declara que nunca, o solo ocasionalmente, cubre sus necesidades esenciales como vivienda, alimentación, transporte, medicinas y servicios.

Solo el 17.3% consigue siempre satisfacerlas. Estas cifras confirman que la insuficiencia de ingresos afecta la seguridad económica de la mayoría, lo que genera incertidumbre continua, de acuerdo a la información difundida por la organización.

El estudio subraya que el 83.8% de las mujeres considera que su ingreso laboral actual no les permite vivir dignamente, visibilizando un desaliento generalizado. Además, la encuesta muestra un patrón de endeudamiento: el 79.4% ha solicitado préstamos en los seis meses previos al relevamiento para cubrir gastos básicos, y el 25.5% lo hace permanentemente.

Para la Organización de Mujeres por la Paz, la mayoría de las mujeres trabajadoras en El Salvador no alcanza a cubrir las necesidades básicas con sus ingresos laborales, lo que refleja una brecha económica estructural que limita su autonomía y bienestar.

La estructura salarial presentada por el informe de ORMUSA muestra que el 23.4% recibe ingresos inferiores a USD 272 al mes, por debajo del salario mínimo agrícola vigente. Casi la mitad —el 45.1%— percibe ingresos iguales o inferiores al salario mínimo para la industria y los servicios (USD 408.80 mensuales), mientras que el 58% obtiene menos de USD 500 mensuales. Solo el 14.6% supera los USD 1.000.

Según la encuesta, el 26.9% se ocupa en el sector privado, el 17.6% trabaja por cuenta propia y el 16.5% pertenece al sector gubernamental. Más de un 30% realiza su labor en modalidades de autoempleo o en el sector informal, lo que representa altos niveles de inestabilidad e ingresos variables.

En relación con los contratos laborales, solo el 27.2% cuenta con contratos por tiempo indefinido y el 14% tiene contrato anual. El 39.8% reporta otras formas contractuales y el 19% trabaja bajo servicios profesionales, escenarios vinculados a la informalidad. Como resultado, un 58.8% de las mujeres empleadas carece de contrato estable tradicional.

El informe de ORMUSA indica que el 68.4% de las mujeres no logra ahorrar ningún monto mensual. El 22.5% puede hacerlo de manera ocasional y solo el 9.1% ahorra regularmente. Esta limitada capacidad de ahorro genera una tendencia al endeudamiento, identificada en el estudio como respuesta directa a la insuficiencia de ingresos ante el elevado costo de vida.

Esta situación incide negativamente en la autonomía económica de las mujeres y en su bienestar: se ven obligadas a recurrir a las deudas para sobrevivir, sin posibilidades de crear reservas para emergencias ni para la planificación familiar.

El informe de la Organización de Mujeres por la Paz concluye que las condiciones económicas demandan acciones urgentes para acortar la distancia entre los ingresos laborales y el costo de vida. Entre las medidas sugeridas destacan la revisión periódica y transparente del salario mínimo y la promoción de incentivos para la formalización del empleo.

ORMUSA recomienda ampliar el acceso a la seguridad social y fortalecer el sistema nacional de cuidados, como forma de repartir de manera justa las tareas de cuidado no remunerado que recae, en su mayoría, sobre las mujeres trabajadoras.

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