En un operativo que ha consternado a la sociedad dominicana, la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público y autoridades sanitarias, logró desmantelar una estructura criminal que operaba un centro clandestino de acopio en el sector Los Cazabes, Santo Domingo Norte.
Lo alarmante del caso no es solo la ilegalidad del comercio, sino el origen de la mercancía: miles de productos y más de 6.8 toneladas de carne eran recolectados directamente del vertedero de Duquesa para luego ser reinsertados de manera criminal en el mercado de consumo humano.
La intervención, liderada por la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) y la DIGEMAPS, reveló un escenario dantesco. Se incautaron 18,000 unidades de productos que incluían medicamentos vencidos, cosméticos adulterados y bebidas alcohólicas falsificadas.
Sin embargo, el hallazgo de las 6.8 toneladas métricas de carne en avanzado estado de putrefacción marca un hito de peligrosidad en los delitos contra la salud pública en el país. Los implicados, Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, se encuentran prófugos, mientras la sociedad exige respuestas sobre el alcance de esta red de distribución.
El sistema jurídico dominicano contempla sanciones severas para quienes atenten contra la seguridad alimentaria y la salud colectiva. Este caso se tipifica bajo múltiples normativas que convergen en la responsabilidad penal y civil de los autores.
El consumo de carne en estado de putrefacción, especialmente aquella recuperada de vertederos, no es simplemente un caso de intoxicación leve; es una exposición directa a agentes biológicos letales.
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