Un gran jurado federal en Carolina del Norte imputó este martes al ex director del FBI James Comey por dos cargos vinculados a una publicación en Instagram que las autoridades interpretan como una amenaza contra el presidente Donald Trump. Es la segunda vez que la administración intenta procesar judicialmente a uno de sus adversarios más prominentes, en un caso que reaviva el debate sobre el uso del sistema judicial como herramienta de presión política.
El Departamento de Justicia indicó que el gran jurado determinó que Comey actuó “de forma consciente y deliberada” al publicar, el 15 de mayo de 2025, una fotografía de conchas marinas dispuestas en una playa de Carolina del Norte con la frase “8647”. El número combina el término coloquial “86”, que en inglés significa eliminar o deshacerse de alguien, con el 47, en referencia a Trump como 47.° presidente. Los cargos son amenaza de muerte e infligir daño corporal contra el presidente, y transmisión de una comunicación interestatal con contenido amenazante.
El fiscal Ellis Boyle subrayó que Comey recibirá “todas las garantías del debido proceso” y será juzgado por un jurado en el Distrito Este de Carolina del Norte. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, fue más contundente: “Amenazar la vida del presidente de los Estados Unidos constituye una grave violación de las leyes de nuestra nación”, declaró al anunciar la acusación y la orden de arresto.
Comey retiró la publicación el mismo día. En un mensaje posterior, explicó que había asumido que las conchas “representaban un mensaje político”, pero que “no se percató de que algunas personas asocian esos números con la violencia”. El Servicio Secreto lo sometió a un interrogatorio de varias horas en Washington —una medida inusual para una supuesta amenaza tan ambigua— y Comey declaró a los investigadores que simplemente había encontrado las conchas en la playa.
Esta acusación llega tras el fracaso de un primer intento. En septiembre de 2025, el Departamento de Justicia logró imputar a Comey por presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción legislativa, en relación con su testimonio de 2020 sobre si había autorizado filtrar información interna del FBI a un periodista. En noviembre, un tribunal federal desestimó el caso tras concluir que la fiscal designada por Trump fue nombrada de forma ilegal. En la misma resolución cayeron los cargos contra Letitia James, la fiscal general de Nueva York.
La relación entre Comey y Trump es una de las más turbulentas de la política estadounidense reciente. Trump despidió a Comey en mayo de 2017, cuando el entonces director del FBI investigaba los supuestos vínculos de la campaña trumpista con Rusia. El despido desató una crisis institucional y fue uno de los detonantes del nombramiento del fiscal especial Robert Mueller para continuar esa indagatoria. Comey había anticipado el nuevo embate: “Donald Trump probablemente venga por mí otra vez”, advirtió en un video en Instagram.
Expertos legales ajenos al proceso advierten que probar una amenaza criminal basada en una imagen tan ambigua representa un desafío jurídico considerable. La ley exige un estándar probatorio elevado para este tipo de delitos, y la fotografía de las conchas —retirada por su autor el mismo día— difícilmente constituye, según algunos juristas, una amenaza explícita y directa. La nueva acusación se produce además en un contexto más amplio de acciones judiciales contra figuras vinculadas a investigaciones previas sobre Trump, entre ellas el exdirector de la CIA, John Brennan.
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