La persistencia del temor a las redadas de ICE, sumada a las operaciones migratorias que se intensificaron hace casi un año, continúa transformando tanto los hábitos de consumo como la cohesión social en los centros comerciales de barrios latinos en Los Ángeles.
Comerciantes y operadores indican que la afluencia de visitantes y los ingresos —especialmente en bienes no esenciales— siguen sin recuperarse, ya que las familias, ante la amenaza de detención, reorganizan sus rutinas y restringen sus salidas a compras básicas.
De acuerdo con testimonios recogidos por el diario estadounidense Los Angeles Times, este impacto económico se asemeja a una versión suavizada de la paralización vivida durante la crisis de COVID-19.
Aunque se registró una reducción de arrestos y detenciones en los últimos meses —según la agencia de noticias Associated Press, las cifras descendieron de unas 72.000 personas en enero a 58.000 la semana pasada—, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantiene como meta remover 1.000.000 de personas durante este año fiscal y el siguiente, en contraste con las 442.000 del año anterior.
Para implementar la política migratoria propuesta por Donald Trump, el Congreso aprobó un presupuesto superior a USD 170.000 millones, cifra claramente superior a la del ciclo anterior y justificada por el gobierno en la ampliación de operaciones y aumento de capacidad de detención en todo el territorio.
Esa partida permitió, por ejemplo, la adquisición de 11 nuevos almacenes para reforzar la estrategia migratoria de la administración.
El efecto inmediato y cuantificable sobre el tejido comercial local se refleja, según Arturo Sneider, director ejecutivo de Primestor Development Inc., en un descenso de entre un 10% y un 15% en la venta de productos no esenciales —cosméticos y ropa fuera del vestuario diario— durante el último año.
Primestor Development Inc. administra cerca de 20 complejos comerciales en localidades de California, como South Gate, Bell Gardens, Panorama City, Oxnard y Walnut Park. Ha detectado la mayor actividad de la agencia federal de Inmigración y Aduanas (ICE) en la zona sureste del condado de Los Ángeles.
Las cámaras de seguridad de estos complejos registraron operativos donde empleados —en zonas de carga o mientras retiraban basura— y clientes fueron detenidos arbitrariamente.
Sneider relató el caso de un conserje, ciudadano estadounidense y padre de dos hijos, retenido más de una semana hasta que su familia logró ubicarlo y obtener su liberación.
El cambio en el comportamiento de los visitantes se extiende también al abandono de los paseos largos de compras y a la preferencia por visitas breves en horarios atípicos, destinadas solo a adquirir productos indispensables. La asistencia a ferias de empleo, eventos de salud y celebraciones religiosas o étnicas cayó de forma significativa; en respuesta, los organizadores redujeron tamaño y visibilidad para evitar atraer atención y riesgos, según Sneider.
El temor prevalece sobre la posibilidad real de operativos y es percibido entre operadores comerciales como una agresión dirigida por razones raciales y étnicas. Sandy Sigal, presidente de NewMark Merrill Cos., cuya compañía gestiona más de 110 centros comerciales en Santa Ana, Inglewood y Thousand Oaks, sostuvo: “Incluso para quienes se encuentran en situación regular, la percepción es que podrían verse involucrados en un operativo y prefieren evitar el riesgo”.
En el pequeño comercio, los operadores enfrentan problemas para cubrir gastos básicos. En el corredor de compras de Santee Alley, en el centro de Los Ángeles, los administradores reportaron que desde el inicio de la ofensiva de ICE, las ventas se desplomaron más de un 80%.
Carlos, vendedor entrevistado por el diario estadounidense Los Angeles Times y cuya identidad fue reservada por motivos de seguridad migratoria, señaló que lleva meses sin poder pagar la renta y que, en ocasiones, debe tomar empleos secundarios —como conductor de Lyft— para costear lo indispensable.
Si bien los arrendadores aplicaron ajustes menores, la mayoría de comerciantes aún está lejos del equilibrio financiero. Desde el año pasado, la estrategia federal priorizó grandes redadas en ciudades gobernadas por demócratas.
Según la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, el objetivo es la “deportación de extranjeros ilegales con antecedentes penales que representan un peligro para las comunidades estadounidenses”. Sin embargo, líderes empresariales sostienen que el resultado fue el retraimiento masivo de la vida pública de colectivos que, en palabras de Sneider, “se sienten plenamente identificadas y dedicadas a Estados Unidos”.
La sombra de las redadas migratorias sobre los centros comerciales de barrios latinos en Los Ángeles persiste, modificando tanto los modelos de negocio como la vida cotidiana, incluso frente al descenso en la presencia policial durante las últimas semanas.
El temor instalado en la comunidad llevó a los operadores de centros comerciales a buscar estrategias de adaptación, aunque reconocen limitaciones para ofrecer garantías a sus comerciantes.
La resiliencia de la comunidad latina se pone a prueba en un entorno donde la incertidumbre migratoria condiciona la vida diaria, la economía local y la cohesión de los barrios.
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