Quien haya paseado por el centro histórico de la ciudad de Roma reconocerá la escena. Tiendas de souvenirs a diestro y siniestro, pequeños supermercados abiertos hasta horas intempestivas, puestos de comida rápida... Un modelo de negocio que responde a las necesidades de los millones de turistas que la capital italiana recibe cada semana y que tiene sus horas contadas.
En los últimos días, el Capitolio ha ampliado las restricciones para proteger la estética urbana en las zonas turísticas más populares de su ciudad, una prohibición que también se aplica a las tiendas de souvenirs y a los minisupermercados. Una decisión que busca frenar la proliferación de estos negocios orientados al turismo y reequilibrar así el tejido comercial de un centro histórico que recibió en 2024 a una impresionante cifra de 51,4 millones de visitantes.
Esta actualización, que continúa una resolución aprobada en 2023, amplía la restricción a las nuevas aperturas de minimercados, tiendas de delicatessen y comercios de souvenirs en el centro de la ciudad durante tres años más, buscando garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad urbana y la protección del patrimonio histórico de la ciudad italiana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980.
En palabras de Andrea Alemanni, presidente de la Comisión de Comercio y autor de la resolución, el objetivo es claro: “Continuamos nuestra lucha por un comercio de calidad en el centro histórico. Confirmamos la prohibición de nuevas aperturas de minimercados”. En palabras recogidas por Il Messaggero, el ministro prometía “seguir trabajando para introducir condiciones y parámetros que fomenten un emprendimiento sano, protegiendo a los residentes”.
Según ha argumentado Alemanni, la proliferación de este tipo de negocios “es un fenómeno que altera la calidad de vida, porque venden alcohol hasta tarde y porque se concentran en zonas privilegiadas”. En este sentido, el Ayuntamiento ha acordado actualizar el reglamento, una extensión hasta el año 2029 que busca evitar que la oferta turística desplace a los ciudadanos que residen en la zona.
El nuevo marco regulatorio, ideado en el Senado tras lograr el apoyo judicial necesario, introduce obstáculos sustanciales a la instalación de nuevos locales en el centro. Como una prohibición absoluta de nuevas tiendas resulta legalmente inviable, la administración local ha optado por limitar las concesiones en función de criterios como el tamaño del local: las tiendas de alimentación y otros locales turísticos deberán cumplir con un mínimo de 100 metros cuadrados de superficie, lo que dificulta la entrada de pequeños negocios y restringe el tipo de comercio que puede prosperar en la zona más saturada de la capital italiana.
La normativa responde no solo a la saturación comercial, sino a la necesidad de “garantizar el decoro y la sostenibilidad ambiental” de un espacio monumental como el centro histórico, un área reconocida por la UNESCO y que ha visto cómo sus residentes protestan ante el avance de negocios orientados al visitante extranjero.
No es la primera vez que la alimentación protagoniza la lucha contra la gentrificación y el turismo masivo. Durante el pasado 2025, la pasta carbonara se convirtió en símbolo de la reivindicación con el llamado ‘Pacto Carbonara’. En un contexto de preocupación por la inflación y el creciente coste de vida, algunos sectores temían que la demanda en los restaurantes se tradujera en precios abusivos. Es por ello que propusieron al propio Ayuntamiento un control sobre este emblemático plato de la gastronomía italiana, regulando su precio con un límite de 12 euros.
Este proyecto fue propuesto por Luigi Gabriele, presidente de la asociación de defensa del consumidor Consumerismo, quien aseguraba que “quien venda una carbonara sobrepreciada y de mal sabor está cometiendo un crimen contra el estómago y la economía”. Este límite quería funcionar como una especie de índice ficticio, una manera de saber si el precio que se paga por esta icónica pasta es realmente justo.
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