El fiscal designado por el presidente Bernardo Arévalo para el periodo 2026-2030 Gabriel Estuardo García Luna ha presentado un plan de trabajo con catorce ejes estratégicos orientados al fortalecimiento del Ministerio Público (MP) de Guatemala, con énfasis en la eficiencia administrativa, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la criminalidad transnacional, de acuerdo con el documento difundido por el Movimiento Projusticia. La propuesta responde a la necesidad de mayor articulación institucional y una gestión fiscal basada en independencia, objetividad e imparcialidad, acorde con el marco legal vigente y las políticas criminales para el periodo 2015-2035.
El plan promueve una separación estricta entre las funciones fiscales y administrativas, impulsando la meritocracia en selección y ascenso del personal como motor para robustecer la carrera fiscal y garantizar imparcialidad.
La propuesta de García Luna respalda la articulación entre la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035 y el Reglamento de Organización y Gestión de Fiscalías (Acuerdo 60-2019), instando a que la coordinación interinstitucional se exprese en medidas operativas tangibles. El integrante de Movimiento Projusticia advirtió sobre el riesgo de que las metas cuantitativas desembocen en mayor impunidad debido a la proliferación de archivos fiscales y desestimaciones, según información del organismo.
Como parte del eje de ética y transparencia, el plan establece la necesidad de reglas claras para ascensos, traslados y evaluaciones basadas en mérito y comportamiento ético. El sistema disciplinario sería reforzado para asegurar investigaciones adecuadas ante malas conductas del personal, con sanciones proporcionales al principio de legalidad y participación directa de los usuarios en procesos de denuncia.
El Ministerio Público deberá investigar los delitos bajo principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y autonomía, propiciando una participación activa de las víctimas y evitando la revictimización. García Luna destaca el fortalecimiento del modelo de fiscal natural y la aplicación de evaluaciones orientadas a la calidad de los resultados y el respeto estricto a los derechos procesales.
El uso de tecnología, capacitación continua y la especialización forman parte de los ejes transversales de la propuesta descrita por García Luna ante Movimiento Projusticia. El plan coloca como innegociable el respeto a los derechos humanos, enmarcado en la Constitución de Guatemala y los tratados internacionales, en cada fase de investigación y persecución penal.
Una de las prioridades expresas es la revisión de la estructura de fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, en respuesta a la desconfianza persistente en la sociedad y a las limitaciones de los actuales dispositivos de atención. El documento identifica también carencias en el abordaje de delitos cometidos contra niños, adolescentes y adultos mayores, recomendando adoptar metodologías que resulten comprensibles para estas poblaciones en casos de homicidio, extorsión, corrupción y delitos sexuales.
El capítulo sobre criminalidad transnacional subraya la urgencia de reforzar la cooperación internacional frente a delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas. García Luna propone el desarrollo de protocolos de intercambio de información con socios regionales y la conducción de investigaciones bajo estándares internacionales, focalizándose tanto en las grandes estructuras delincuenciales como en sus redes de apoyo local.
La estrategia presta especial atención al bienestar de los funcionarios del Ministerio Público: el plan incorpora guías para la prevención de traumas laborales, reconociendo el cuidado emocional del personal como un derecho fundamental del servicio público guatemalteco
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