Los veedores designados por el Ministerio de Justicia en la AFA no pudieron ingresar como estaba previsto a las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga para determinar si existieron irregularidades en sus balances contables. En su lugar, dejaron un cuestionario debajo de la puerta de la sede de Viamonte.
La visita de los veedores estaba pautada en el contexto de una denuncia de la Inspección General de Justicia por supuestas fallas de la casa madre del fútbol argentino a la hora de explicar US$450 millones de sus balances en los últimos ocho años.
En ese contexto, el Ministerio de Justicia había ordenado iniciar la intervención por 180 días con la visita de los veedores, quienes llevaban un pedido formal de acceso a la documentación social y contable de la sociedad para determinar si existen irregularidades en sus cuentas.
De acuerdo a la denuncia de la IGJ, la asociación que conduce Claudio Tapia falló en presentar en tiempo y forma la documentación aclaratoria de los estados contables cerrados a mediados del año pasado.
A eso se suma la creación de la universidad dependiente de la AFA que nunca fue registrada y las relaciones comerciales del organismo con empresas hoy bajo investigación por presunto desvío de fondos y lavado de dinero como TourProdEnter y SurFinanzas.
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Entre otras irregularidades, el Gobierno también acusó un intento de la AFA de mudar su sede a un predio de la Provincia de Buenos Aires para evitar el control de la IGJ.
El traslado fue rechazado tras verificarse que en el predio no existían instalaciones ni funcionaba la administración de la entidad que hoy continúa en la calle Viamonte 1366, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese escenario, los veedores designados por decreto por el ministro Juan Bautista Mahiques podrán acceder a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la AFA, con el fin de armar un informe sobre el manejo institucional y económico del organismo.
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