El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de Defensa de Soberanía por Malvinas, que amplía el alcance de las sanciones a todos los recursos naturales para las empresas que operen en las islas sin permiso argentino.
La iniciativa además ratifica el reclamo de soberanía de las Islas, tiene multas de hasta tres millones de barriles de petróleo, contempla inhabilitación de hasta 20 años y endurece otras medidas contra firmas que operan en la Argentina.
El proyecto además contempla un esquema de protección aeroespacial y marítima, con un protocolo para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y también regula la detención e inspección de buques. En el caso marítimo, contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizar una embarcación.
Además centraliza bajo una misma estructura las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica. La conducción política queda en manos del presidente Javier Milei.
Tras el envío de la ley al Congreso, el Ejecutivo le pidió a la dirigencia política “poner en pausa otras discusiones” para priorizar el tratamiento del paquete de medidas. “Todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente para defender de manera efectiva la causa Malvinas”, remarcó Milei.
“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, expresó Milei en una carta difundida por redes sociales.
El Consejo de Seguridad Nacional, en caso de ser aprobada la ley, será el órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional y estará encabezado por el Presidente de la Nación.
Entre sus atribuciones, el Consejo deberá asistir al Presidente en todo lo vinculado a la Seguridad Nacional, elaborar y elevar la Política de Seguridad Nacional al Poder Ejecutivo para su aprobación, y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema, siempre verificando su adecuación a los lineamientos generales.
El organismo tendrá a su cargo la coordinación y supervisión de la ejecución de la Política de Seguridad Nacional, así como de las políticas sectoriales y de los órganos, fuerzas y medios involucrados en las acciones de seguridad.
Entre sus competencias figura también el control aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, según lo dispuesto en la ley.
El Consejo será responsable de elaborar la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificar las infraestructuras de interés nacional y coordinar su protección, incluso en el caso de infraestructuras binacionales o plurinacionales, en articulación con organismos internacionales o Estados extranjeros.
La integración del Consejo contempla miembros permanentes y no permanentes. Los primeros deberán participar en todas las reuniones ordinarias, mientras que los no permanentes asistirán solo cuando sean convocados por el Presidente del Consejo.
Entre los miembros permanentes se encuentran:
El Consejo también tendrá la facultad de aprobar su propio reglamento interno de funcionamiento y organización, y ejercerá las atribuciones previstas en la ley para el control y la protección de la seguridad nacional.
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