"Se trata de una actitud sin fundamentos legales porque tal resolución es definitiva, tiene sentencia firme y cualquier posible recurso extraordinario no suspende los efectos de la Resolución 83" sostienen desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SaFyB )y agregan que "Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), decidió desconocer al sindicato específico de la profesión farmacéutica y bioquímica y los fallos jurídicos firmes . De este modo, la titular de COFA se enfrenta en lo personal y en lo institucional a una dura batalla judicial por los daños y perjuicios devenidos de su arbitraria decisión".
Por otra parte, adelantaron que "los colegiados de la provincia de Buenos Aires están evaluando solicitar su destitución por incumplimiento de deberes". Y aseguran que "la jugada de Gómez es que los empleadores representados por COFA se queden con el dinero de los aportes retenidos a sus trabajadores y no lo remitan a ningún sindicato, aprovechando la supuesta disputa sindical -que a decir verdad la Justicia ya resolvió, lo cual constituiría una estafa".
Y agregan que mediante tal proceder " la COFA asume una posición de perjudicar a los farmacéuticos asalariados y privilegiar los intereses de los propietarios de farmacias , lo que implica un incumplimiento estatutario y debilita su pretensión de estar a ambos lados del mostrador".
La Cámara recogió el criterio que distingue a los sindicatos organizados por actividad de aquellos constituidos por profesión. En el caso de SAFYB, consideró determinantes el título habilitante y la calificación profesional, con independencia de la actividad del empleador. También rechazó que la impugnación de la resolución administrativa sirviera para reabrir lo resuelto judicialmente en 2024.
“Nos preocupa que la entidad que dice representar al farmacéutico pretenda rebajar al profesional a un simple empleado de farmacia”, sostuvo Mariana Funes, secretaria de Organización de SAFYB.
El sindicato anticipó que promoverá acciones contra la institución y contra quienes resulten responsables de incumplir las obligaciones legales.
El fallo resuelve la ampliación de la personería gremial; no establece por sí solo el convenio aplicable a cada relación laboral ni acredita las irregularidades denunciadas sobre los aportes. Esa distinción permite ubicar el conflicto con precisión y exigir responsabilidades concretas.
“Gómez y la conducción de COFA deberán explicar cómo compatibilizan su discurso de representación profesional con las denuncias de quienes trabajan bajo relación de dependencia. La defensa de los farmacéuticos pierde credibilidad cuando los derechos de los asalariados quedan subordinados a la conveniencia de sus empleadores”, concluyen desde el SAFyB.
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