Pidieron la detención de un policía acusado de apuntarle con un arma a la mamá de Johana Ramallo

La investigación por la desaparición y el femicidio de Johana Ramallo sumó un nuevo capítulo judicial en La Plata. La representación legal de su madre, Marta Ramallo, pidió el procesamiento y la detención inmediata del policía bonaerense Rubén Darío Gauna, después de que la mujer lo identificara ante los jueces como el efectivo que presuntamente la amenazó con un arma de fuego.El pedido fue presentado por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly ante el Juzgado Federal tras la decisión del Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de La Plata, que el 25 de septiembre resolvió por unanimidad remitir las actuaciones al juzgado de instrucción para que se profundice la investigación.En aquella audiencia, Marta Ramallo señaló a Gauna y relató que el policía habría utilizado un arma para intimidarla y evitar que aportara información que podía resultar relevante para esclarecer qué ocurrió con su hija.A partir de ese reconocimiento, los jueces dispusieron una restricción perimetral y una prohibición de contacto respecto del acusado y ordenaron avanzar con nuevas medidas cautelares.La querella considera que ahora es necesario avanzar rápidamente sobre distintas pruebas que podrían ayudar a determinar qué ocurrió alrededor de la desaparición de Johana.Uno de los pedidos más importantes es el allanamiento de la comisaría Novena de La Plata. Los abogados solicitaron que allí se secuestren los libros de guardia y se releve la nómina de los policías que prestaron servicio en dos fechas consideradas relevantes para la investigación: el 26 de julio de 2017, cuando desapareció Johana, y el 24 de febrero de 2020.La medida apunta a reconstruir qué efectivos estuvieron de servicio durante esos días y establecer si existen registros que puedan aportar información sobre los movimientos vinculados al caso.La querella también pidió la incautación urgente del teléfono celular de Gauna para ser peritado. El objetivo, según la presentación, es preservar información que podría ser relevante para la causa y evitar que eventuales datos sean manipulados o eliminados.A la vez, los abogados solicitaron que se libre oficio a las empresas de telefonía para realizar un entrecruzamiento de llamadas y que se incorporen otros registros vinculados a las comunicaciones del acusado.También reclamaron informes al Ministerio de Seguridad bonaerense sobre la ficha policial de Gauna, registros del sistema 911 y datos de geolocalización de los patrulleros que estuvieron en servicio durante los períodos investigados.Leé también: La captó una red de trata y meses después apareció descuartizada: el caso de Johana Ramallo llegó a juicioSegún indicó el portal 0221, la querella encuadró los hechos que atribuye al policía como coacción agravada por el uso de arma de fuego en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado, debido a su condición de integrante de una fuerza de seguridad.Para los abogados de Marta Ramallo, las amenazas denunciadas tuvieron como finalidad silenciar a la madre de Johana y obstaculizar la investigación sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y el femicidio de la joven.La presentación también vincula esa hipótesis con la investigación sobre una presunta red de trata que operaba en la denominada “zona roja” de La Plata.Otro de los pedidos formulados por la querella es que Marta Ramallo vuelva a declarar como testigo. Los abogados sostienen que en oportunidades anteriores la mujer no pudo brindar su testimonio en condiciones adecuadas debido al temor y a las intimidaciones que, según denunció, sufrió durante la investigación.Ahora, con las nuevas medidas ordenadas y el reconocimiento que realizó ante el Tribunal Oral Federal, buscan que pueda aportar nuevamente información sobre las amenazas y sobre lo que sabe acerca de la desaparición de su hija.Johana trabajaba junto a su madre en el programa estatal “Ellas Hacen”, que les permitía acceder a un ingreso registrado, capacitaciones laborales y la posibilidad de construir sus propias casas. Sin embargo, en 2015 el programa fue desarticulado, dejándolas -como a tantas otras mujeres- en una situación de extrema vulnerabilidad económica y social.Fue en ese contexto que Johana conoció a la persona que luego la introdujo en la zona roja de la ciudad de La Plata. El 26 de julio de 2017, la joven salió de su casa, le dijo a su mamá que la espere para cenar, pero nunca regresó. Las últimas imágenes que la muestran con vida fueron captadas por las cámaras de seguridad de una estación de servicio ubicada en Avenida 1 y calle 63.Durante los primeros meses, la búsqueda estuvo a cargo de la fiscal Betina Lacki, bajo una carátula inicial de “averiguación de paradero”, sin considerar otras hipótesis vinculadas a su contexto de vulnerabilidad, ni a una posible red de trata.Sin embargo, el 20 de septiembre de 2017, Marta Adelina Ramallo, la mamá de Johana, presentó otra denuncia ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, por entender que la desaparición de su hija podía estar vinculada con el delito de trata de personas. Fue así que formularon una inhibitoria al fuero ordinario y se pasó la causa a la Justicia Federal.Finalmente, en agosto de 2018, más de un año después, aparecieron restos humanos en las playas de Palo Blanco, Berisso. Recién al año siguiente se confirmó oficialmente que pertenecían a Johana.