Un fiscal, “el gran ausente” en una sentencia histórica que mezcla narcos, policías y buchones

Siempre es difícil investigar a policías. Más aún cuando estos policías delinquen dirigidos y apañados por funcionarios judiciales. Ni hablar si los principales perjudicados son narcos a los que no les conviene denunciarlos.Contra todo esto luchó la Justicia Federal de San Isidro -sobre todo el fiscal Fernando Domínguez- para descabezar la División de Investigaciones del Tráfico Ilícito de Quilmes la de San Isidro y lograr la destitución del poderoso fiscal Claudio Scapolan (55) quien estaba a cargo de las investigaciones complejas del Departamento Judicial de San Isidro.El expediente explotó el 24 de julio de 2020- en plena pandemia de COVID 19- la causa llegó a juicio oral el 23 de octubre de 2024 y el pasado 12 de agosto concluyó en un veredicto histórico para 31 personas: 25 integrantes de la Policía bonaerense dos abogados y cuatro particulares.Ahora se conocieron los fundamentos de ese veredicto con el que el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín impuso 24 condenas de hasta 17 años de prisión para los policías implicados entre ellos dos ex comisarios.Sin dudas el más "pesado" de todos los que fueron juzgados es Adrián "Palermo" Baeta (55) de Quilmes a quien se acusó en el debate de quedarse con media tonelada de cocaína robada a unos narcos. Pero no a unos narcos cualquiera sino a los Loza a los que entregó su propio contador el financista Diego "Dolarín" Guastini (45) asesinado por sicarios poco después.Para él la condena fue de 17 años de prisión. Detalle: Baeta tuvo como abogado defensor a Fernando Arias Caamaño el mismo abogado que "Dolarín". La misma pena de Baeta fue impuesta al comisario Marcelo Di Rosa (ex jefe de Drogas Ilícitas de Quilmes) al ex subcomisario Juan José Magraner (su segundo al mando) y al ex comisario Roberto Okurzati titular de la Delegación de Lucha contra el Tráfico Ilícito de San Isidro.En San Isidro funcionaba una maquinaria de corrupción a través de la cual se armaban causas para robarles a los narcos extorsionarlos y meter su mercancía en el mercado a través de competidores.Qué dijeron los juecesEn sus fundamentos -749 páginas de un complejo y detallado repaso de los casi dos años de audiencias- los jueces Héctor Sagretti Silvana Mayorga y Daniel Omar Gutiérrez expusieron el mismo panorama aterrador que había detallado el fiscal Marcelo García Berro en su alegato.Y apuntaron directamente al ex fiscal de San Isidro: "Una primera particularidad es la presencia constante en la prueba de quien fue el gran ausente de este debate: el ex fiscal Claudio Scapolan. Su intervención surgió de su actuación objetiva en varios ejes: impartió órdenes y concurrió a los procedimientos aquí examinados".Scapolan no llegó a juicio aún. Fue procesado por delitos menores aunque ahora se envió al fiscal Domínguez todo lo producido en el juicio oral para que sea investigado más en profundidad.Los jueces mostraron en los fundamentos la gravedad del sistema de corrupción investigado. Algunos párrafos: "El debate acreditó múltiples violaciones a los derechos humanos. Su gravedad no depende del nombre que se les asigne sino de la forma en que se cometieron. No se trató de desvíos individuales ni de excesos aislados. Las prácticas tuvieron un carácter estructural involucraron a los propios jefes de ambas delegaciones y desde la cúpula se extendieron hacia abajo por la cadena de mando"."A ese entramado policial se sumaron otros actores. El debate expuso presuntos contactos y colaboraciones de integrantes del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires cuya eventual responsabilidad no fue objeto de este juicio. Intervinieron además civiles que simularon ser testigos independientes o funcionarios policiales y otros que aseguraron el destino de lo obtenido. En San Isidro las maniobras contaron también con un soporte jurídico. Abogados vinculados al estudio de (Gustavo) Semorile se presentaban en los procedimientos mientras se desarrollaban e intervenían en la concreción de los pagos exigidos o acordados"."Trató en definitiva de una forma de criminalidad organizada inserta en el propio aparato estatal articulada con intervenciones privadas. La división de funciones y la articulación entre policías civiles y en San Isidro abogados permitieron cometer los delitos bajo una apariencia de legalidad y asegurar su impunidad. Esa inserción institucional distingue estos hechos de la criminalidad común"."Las maniobras revelaron la disfuncionalidad de dependencias policiales destinadas a combatir el narcotráfico. En Quilmes esa disfuncionalidad se expresó en un solo hecho de gran envergadura; en San Isidro en varios hechos también de suficiente gravedad. Los recursos y las facultades de esas dependencias se utilizaron para obtener beneficios económicos de la misma actividad que debían perseguir y de las personas sometidas a su intervención"."El armado de causas las tareas de investigación simuladas y la prórroga informal e ilegítima de los ámbitos de actuación no fueron meras anomalías administrativas. Produjeron afectaciones concretas a la libertad al patrimonio y al debido proceso y comprometieron la salud pública y la administración de justicia según las particularidades de cada hecho"."Las amenazas de detención la fabricación de imputaciones y el uso abusivo de potestades coercitivas expresaron formas de violencia institucional. La autoridad estatal fue utilizada como fuente de intimidación y los recursos destinados a investigar y perseguir delitos se desviaron hacia su comisión y encubrimiento. De ese modo se afectaron tanto los derechos de las personas sometidas a esas prácticas como la capacidad del Estado para brindar una respuesta legítima frente a la criminalidad".Un fallo a la altura de la gravedad del caso.EMJ