El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo este martes a un periodista japonés, identificado como Yuki Imai, bajo sospecha de espionaje a favor de los servicios de inteligencia de Japón. El corresponsal del diario Hokkaido Shimbun fue trasladado a Moscú, donde quedó en prisión preventiva. El arresto ocurrió en la isla de Sajalín, en el Lejano Oriente ruso, cuando Imai se disponía a abandonar el territorio en avión. Estaba acreditado ante el Ministerio de Exteriores como representante extranjero de prensa. Según el organismo de seguridad, principal sucesor de la KGB soviética, agentes enmascarados lo interceptaron en su habitación de hotel y allí hallaron documentos calificados “para uso oficial”. El tribunal del distrito de Lefortovo dictó la medida de arresto cautelar, que se extenderá hasta el 12 de diciembre mientras avanza la causa por el delito de espionaje previsto en el artículo 276 del código penal ruso. Las autoridades sostienen que el reportero reunió y almacenó datos sobre la capacidad defensiva del país por encargo de la inteligencia nacional nipona para emplearlos contra la seguridad de la Federación Rusa. Un comunicado posterior precisó que la información reunida se refería a la cantidad de movilizados y voluntarios de las islas Kuriles que combaten en la ofensiva rusa en Ucrania. El FSB sostuvo que esos datos provenían de habitantes locales y que el detenido conocía su carácter clasificado. Agregó, además, que el hombre reconoció ante su entorno cercano haber mantenido contactos con los servicios secretos de su país. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó de “lamentables” los intentos de Tokio de utilizar a sus periodistas destacados para obtener datos que comprometan la seguridad del Estado. “El incidente de hoy no es un caso aislado”, advirtió. Además, sostuvo que el episodio “ensombrecerá aún más” el vínculo bilateral, ya debilitado por las que Moscú llama políticas antirrusas del Gobierno japonés. Desde la embajada de Japón en Moscú, un funcionario indicó a la agencia Kyodo que su país buscaba verificar la detención, mientras que el propio Hokkaido Shimbun intentaba confirmar la situación de su enviado. El hecho se produce en un clima de fuerte tensión diplomática entre ambas naciones, agravado tras la visita que el presidente Vladímir Putin realizó en agosto a la isla de Iturup, parte del archipiélago de las Kuriles administrado por Rusia pero reclamado por Japón bajo la denominación de “Territorios del Norte”. Durante ese viaje, el primero de un mandatario ruso a la zona, Putin se reunió con los cerca de 7.000 habitantes del lugar y rindió homenaje a quienes cayeron en la batalla librada allí en septiembre de 1945, ya concluida oficialmente la Segunda Guerra Mundial. El viaje provocó un rechazo inmediato en Tokio. La primera ministra Sanae Takaichi lo calificó de “incompatible con la postura japonesa” y “absolutamente inaceptable”. El canciller Toshimitsu Motegi convocó al embajador ruso, Nikolai Nozdriev, para entregarle una “enérgica protesta” en nombre de su Gobierno. El Kremlin respondió citando a su vez al embajador nipón en Moscú para rechazar lo que calificó de expresiones “antirrusas” de Takaichi y otros funcionarios del Ejecutivo asiático. La disputa por las islas se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética se anexó el archipiélago en sus últimos días. El país asiático fundamenta su reclamo en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras firmado en 1855, mientras que Rusia invoca los acuerdos internacionales suscritos al término de la contienda. Ese desacuerdo impidió durante décadas la firma de un tratado de paz entre ambas naciones. El conflicto en Ucrania profundizó el distanciamiento, ya que Tokio se sumó a las sanciones económicas occidentales contra el Kremlin. Una reforma constitucional aprobada en Rusia mediante referéndum en 2020 prohíbe, además, ceder territorios a potencias extranjeras, disposición que alcanza tanto a las Kuriles como a las regiones ucranianas anexionadas en 2014 y 2022. Rusia procesó en los últimos años a numerosos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, bajo distintas imputaciones penales, antes de liberarlos posteriormente mediante acuerdos de intercambio con Washington y otros gobiernos occidentales. En julio de 2024, la justicia rusa condenó a 16 años de cárcel al periodista Evan Gershkovich, corresponsal de The Wall Street Journal, el primer reportero estadounidense sentenciado por ese delito desde 1986. La fiscalía sostuvo que había reunido material reservado sobre la industria militar rusa en Ekaterimburgo por encargo de la CIA. El canje más amplio desde la Guerra Fría se concretó en agosto de 2024, cuando el Kremlin liberó a Gershkovich junto a la periodista Alsu Kurmasheva, al también estadounidense Paul Whelan y a varios disidentes rusos, dentro de un acuerdo multinacional que permitió la excarcelación de dos docenas de personas. (Con información de AP, EFE y EP)


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