El Departamento de Justicia demanda a California para frenar el conteo de 20.000 votos por correo

El Departamento de Justicia presentó este jueves una demanda contra California para impedir que el estado contabilice los votos por correo de unas 20.000 personas que el Gobierno federal considera probablemente no ciudadanas, hasta comprobar su estatus de ciudadanía. La acción judicial se produce después de que el organismo entregara a las autoridades electorales una memoria USB protegida con contraseña que contenía el listado. El fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, fijó un plazo de 48 horas para verificar la situación de quienes fuera posible y ordenar a los condados separar sus papeletas si no se podía confirmar la ciudadanía de manera independiente, precisó Associated Press. La demanda sostiene que el Gobierno federal intentó trabajar conjuntamente con California, pero que el estado “no hizo ningún esfuerzo serio” para identificar a las personas sin ciudadanía registradas. “Estados Unidos busca, por lo tanto, una solución electoral común cuando se cuestiona una papeleta”, afirma. California cuestiona los datos y se niega a retener votos La secretaria de Estado, Shirley Weber, explicó en una carta recogida por Associated Press que el Gobierno federal no presentó pruebas que respaldaran la afirmación sobre las 20.000 personas. La funcionaria demócrata señaló que las exigencias planteadas durante una elección ya iniciada “amenazan el derecho al voto de miles de californianos, basándose en información o metodología no verificables que ustedes aún no explican ni proporcionan”. La funcionaria también recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había alegado durante el verano que había 190.000 no ciudadanos en el padrón californiano, aunque no proporcionó sus fuentes de datos ni el método de análisis cuando su oficina lo solicitó. En el comunicado oficial de la demanda, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, detalló que se revisaron los archivos de registro de votantes del estado disponibles públicamente y los compararon con los datos federales de inmigración. “Este análisis preliminar ha identificado un número significativo de personas en California que probablemente no son ciudadanas y que parecen estar registradas para votar; el análisis y la revisión continúan”, aseguró Mullin. El fiscal general estatal, Rob Bonta, anticipó que no acatarán la solicitud federal de retener papeletas y que la combatirán ante los tribunales. Además, sostuvo que la iniciativa vulnera una ley federal que prohíbe a los estados modificar los padrones durante los 90 días previos a una elección. Respecto de la diferencia con la cifra previa del DHS, el funcionario cuestionó: “¿Qué pasó con esos 170.000? Simplemente se equivocaron”. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom cuestionó en redes sociales: “Las elecciones de California NO son de Donald Trump para controlarlas. Nos aseguraremos de que CADA votante de California pueda participar en una elección libre y justa”. El registrador electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan, informó que su oficina recibió el dispositivo junto con una nota manuscrita que contenía la contraseña y afirmó que no consideraba segura esa vía de entrega. La oficina de Weber contó que la clave estaba escrita en una nota adhesiva. De acuerdo con The New York Times, las autoridades del condado señalaron que no abrieron la memoria USB porque hacerlo “entraría en conflicto con los protocolos establecidos de privacidad de datos y seguridad de la información”. La administración Trump ya había impulsado demandas y advertencias sobre los padrones electorales El Gobierno federal convirtió la detección de presuntos votantes no ciudadanos en una prioridad. Durante los últimos 18 meses, la administración Trump presentó demandas contra California y otros estados por la composición de los padrones electorales, sin éxito en los tribunales, reportó The New York Times. En los últimos meses, funcionarios del Departamento de Justicia enviaron cartas a autoridades estatales y locales para advertirles que podían enfrentar procesos judiciales si no adoptaban medidas destinadas a excluir del registro a votantes no ciudadanos. Asimismo, el organismo presentó cerca de 90 acusaciones por distintas irregularidades electorales, de las cuales 50 correspondieron a personas acusadas de votar sin ciudadanía estadounidense, consignó Associated Press.