A 54 días de las elecciones generales en Perú, el escenario político sumó un nuevo giro. Este 18 de febrero asumió la presidencia del país José María Balcázar, congresista de Perú Libre, tras la salida de José Jerí. El relevo ocurre en una coyuntura marcada por tensiones constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo, con un proceso electoral en marcha y una ciudadanía que observa con desconfianza a sus autoridades.
El calendario avanza hacia el 12 de abril de 2026, fecha fijada para los comicios generales. En paralelo, el país transita una etapa de cambios en las reglas del juego electoral y un número inédito de postulaciones. Las decisiones que se adopten en las próximas semanas pueden influir de forma directa en la configuración del próximo Congreso y del nuevo Gobierno.
La transición presidencial no detiene el cronograma. El 23 de diciembre cerraron las inscripciones de candidaturas presidenciales y listas al Parlamento. En total, se registraron 36 candidatos a la Presidencia y 38 listas parlamentarias. Desde entonces, el sistema electoral entró en una fase clave: el periodo de tachas e impugnaciones, que ya dejó episodios que alteran el tablero.
Con la asunción de José María Balcázar, surge el interrogante sobre la incidencia del Ejecutivo en el proceso en curso. Óscar Urviola, abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, explicó a Infobae Perú que la convocatoria y el presupuesto inicial dependen de la Presidencia, pero, una vez iniciado el proceso, la responsabilidad recae en los organismos electorales.
De acuerdo con esta posición, la organización técnica de la jornada electoral, la elaboración del padrón y la proclamación de resultados quedan fuera del alcance de la coyuntura política del Ejecutivo. Los preparativos avanzan con cronograma y presupuestos ya establecidos, según informaron las autoridades electorales.
El 1 de enero inició de manera formal la campaña electoral. Las organizaciones políticas empezaron a presentar a sus candidatos presidenciales, así como a quienes buscan un escaño en el Senado y en la Cámara de Diputados. Esta elección no solo definirá al próximo jefe de Estado, también marcará el estreno de un Senado con atribuciones relevantes para la gobernanza futura.
En este contexto, el lugar en la boleta adquiere un peso decisivo. La fragmentación puede beneficiar a quienes logren una identificación rápida con el electorado. Las encuestas reflejan un escenario de indefinición. Una parte importante de la población aún no decide su voto y enfrenta dificultades para distinguir propuestas y liderazgos en un universo amplio de opciones.
El calendario establece fechas que mantienen en vilo a los postulantes. El 13 de marzo es el límite para resolver apelaciones contra impugnaciones y exclusiones. El 11 de abril marca el plazo final para excluir candidatos por razones jurídicas. Las tachas pueden prosperar incluso un día antes de la elección, lo que genera incertidumbre en el proceso.
Este marco institucional cobra relevancia ante un país que en los últimos años atravesó varias interrupciones presidenciales. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino no concluyeron sus mandatos. Pedro Castillo terminó detenido tras un intento de golpe de Estado. Dina Boluarte tampoco completó el periodo presidencial, al igual que José Jerí.
La elección del 12 de abril se desarrollará bajo este antecedente de alta rotación en la jefatura del Estado. Las encuestas reflejan indecisión en una parte importante del electorado, en un contexto con múltiples candidaturas y escasa identificación partidaria.
Con la nueva presidenta en funciones y los organismos electorales a cargo de la conducción técnica, el proceso avanza hacia una fecha decisiva. El resultado definirá al próximo mandatario y la composición de un Congreso bicameral que debutará en medio de un clima político que aún busca estabilidad.
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